En diciembre del año pasado trascendió a la opinión pública la noticia de una multa de más de 60.000 € a la SGAE por llevar a cabo una grabación sin autorización en un banquete de bodas en Sevilla. El objetivo era obtener pruebas de la difusión de temas musicales protegidos sin el previo pago del canon correspondiente. En Montijo (Badajoz), al igual que en otras localidades con anterioridad, los empresarios de hostelería se quejan de la presión a la que se encuentran sometidos por inspectores, o supuestos inspectores del SGAE, que, según dicen, llevan a cabo grabaciones ilegales, como en el caso referido, ya corroborado, o se niegan a identificarse adecuadamente. Para desligarse en lo sucesivo de esta asociación y sus pretensiones recaudatorias, han decidido enviarles un burofax exigiendo la lista de componentes de la SGAE, a fin de prescindir definitivamente de sus discos y grabaciones audiovisuales.
De estar sometidos a tal acoso, el asunto no es para menos, pero, más allá del cumplimiento o no de la ley que, puestos en ello, impide inspecciones ilegales pero también la difusión no autorizada, parece que de nuevo sale a la luz el tema de su adecuación respecto al controvertido asunto del canon por los derechos de autor y la legitimidad de los mecanismos de financiación de los productos audiovisuales.
Desconozco la situación en Montijo y las dificultades empresariales en el mundo de la hostelería, aunque, por generalización, las supongo bastante graves. Sin duda alguna, tendrán sus razones bien justificadas y hechos anteriores avalan sospechas de voracidad recaudatoria; además, la exigencia de conocer la lista de socios y obras protegidas por la asociación para prescindir de las mismas, de llevarse a cabo de verdad, no parece que pueda ser criticable bajo ningún punto de vista. En todo caso, no cabe duda de que éste es un tema complejo y controvertido que nos implica de un modo u otro a todos, donde no cabe una simplificación al extremo de reducirlo todo a dos sectores de interés: por un lado la SGAE y por el otro, todos los demás. La SGAE representa los intereses de sus asociados, no los del autor en general, y por parte del usuario, los casos son muy distintos.
No debe olvidarse que la existencia de limitaciones legales para la difusión pública de obras protegidas es algo tan antiguo como la existencia de la misma industria audiovisual, por más que la polémica hoy tenga más repercusión como consecuencia de la imposición de un nuevo canon, el digital, acorde con los interés de la anterior organización, que nos afecta de lleno a todos. A partir de medidas recaudatorias como la anterior se ha favorecido un modelo de opinión pública contra el canon que tiende a dar la razón, por sistema, a toda iniciativa contra el mismo. Bien es cierto que uno nunca podrá entender que se pretenda que un pequeño local, aparte de comprar obras originales, deba afrontar tarifas por su difusión pública cuando, en todo caso, lo que hace es promover dichos productos y favorecer el negocio musical. Pero también lo es que algunos magnates del ocio no tienen ningún pudor en cobrar entradas abusivas a locales donde sangran a la clientela con cubatas de garrafa mientras ambientan la velada machacando con archiconocidos super hits...bajados con el E-mule.
Que la industria y el autor no son lo mismo, resulta hoy evidente; que Internet ha revolucionado la creación musical y favorecido su proyección, también, así como que es necesario reorganizar los mecanismos recaudatorios en un mercado en el que todos, incluso quien evita comprar originales, gasta una suma importante en unos sistemas de comunicación que adquieren valor por los productos audiovisuales a los que facilitan el acceso.
Voto por la liberación de los contenidos audiovisuales y su acceso universal pero, por favor, no me quiero ver en el mismo saco que el dueño del local que cambió los platos por un ordenador con Winamp que reproduce en la esquina una interminable lista de mp3s, ni el abusón que se enriquece con locales que hecen el canto de sirena con cuatro "artistas" creados por una industria discográfica con la que no quiere repartir dividendos.
Desconozco la situación en Montijo y las dificultades empresariales en el mundo de la hostelería, aunque, por generalización, las supongo bastante graves. Sin duda alguna, tendrán sus razones bien justificadas y hechos anteriores avalan sospechas de voracidad recaudatoria; además, la exigencia de conocer la lista de socios y obras protegidas por la asociación para prescindir de las mismas, de llevarse a cabo de verdad, no parece que pueda ser criticable bajo ningún punto de vista. En todo caso, no cabe duda de que éste es un tema complejo y controvertido que nos implica de un modo u otro a todos, donde no cabe una simplificación al extremo de reducirlo todo a dos sectores de interés: por un lado la SGAE y por el otro, todos los demás. La SGAE representa los intereses de sus asociados, no los del autor en general, y por parte del usuario, los casos son muy distintos.
No debe olvidarse que la existencia de limitaciones legales para la difusión pública de obras protegidas es algo tan antiguo como la existencia de la misma industria audiovisual, por más que la polémica hoy tenga más repercusión como consecuencia de la imposición de un nuevo canon, el digital, acorde con los interés de la anterior organización, que nos afecta de lleno a todos. A partir de medidas recaudatorias como la anterior se ha favorecido un modelo de opinión pública contra el canon que tiende a dar la razón, por sistema, a toda iniciativa contra el mismo. Bien es cierto que uno nunca podrá entender que se pretenda que un pequeño local, aparte de comprar obras originales, deba afrontar tarifas por su difusión pública cuando, en todo caso, lo que hace es promover dichos productos y favorecer el negocio musical. Pero también lo es que algunos magnates del ocio no tienen ningún pudor en cobrar entradas abusivas a locales donde sangran a la clientela con cubatas de garrafa mientras ambientan la velada machacando con archiconocidos super hits...bajados con el E-mule.
Que la industria y el autor no son lo mismo, resulta hoy evidente; que Internet ha revolucionado la creación musical y favorecido su proyección, también, así como que es necesario reorganizar los mecanismos recaudatorios en un mercado en el que todos, incluso quien evita comprar originales, gasta una suma importante en unos sistemas de comunicación que adquieren valor por los productos audiovisuales a los que facilitan el acceso.
Voto por la liberación de los contenidos audiovisuales y su acceso universal pero, por favor, no me quiero ver en el mismo saco que el dueño del local que cambió los platos por un ordenador con Winamp que reproduce en la esquina una interminable lista de mp3s, ni el abusón que se enriquece con locales que hecen el canto de sirena con cuatro "artistas" creados por una industria discográfica con la que no quiere repartir dividendos.
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